Martes, 08 de Julio de 2008 08:02
El Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, que así se denomina el documento, de 8 folios, contempla actuaciones sobre cinco
grandes áreas: inmigración legal, ilegal, controles fronterizos, política de asilo y colaboración con los países de origen y de tránsito de inmigrantes. La idea subyacente es la de propiciar una inmigración regular y controlada en beneficio mutuo, combatir la irregular con un amplio abanico de actuaciones, que comprenden la repatriación de indocumentados, el castigo de quienes los contraten y el combate contra los que se lucran de su tráfico. Además, prevé la potenciación de los mecanismos de control de las fronteras externas y la generalización de visas biométricas (a partir de enero de 2012) y el establecimiento de una política común de asilo que confiera a sus beneficiarios niveles de protección más elevados.
A fin de sumar a la iniciativa a países como España, reticentes a las formulaciones demasiado exigentes, la presidencia francesa ha renunciado a conceptos como el «contrato de integración», que París quería hacer firmar a los extranjeros, o la enumeración de sus obligaciones. En cambio, el pacto renuncia a las regularizaciones masivas y las limita a «caso por caso, en el marco de las legislaciones nacionales, por motivos humanitarios o económicos».
Determina, asimismo, que los Estados aplicarán «políticas ambiciosas para favorecer la integración armoniosa, en sus países de acogida, de los inmigrantes que cuenten con perspectivas de instalarse de forma duradera. Esas políticas deberán basarse en el equilibrio de derechos de los foráneos (acceso a la educación, al trabajo, a la seguridad y a los servicios públicos y sociales) y sus deberes (respeto de las leyes del país de acogida)». Portavoces de la presidencia decían ayer que el documento había sido «generalmente bien acogido» en Cannes.
El proyecto de pacto sobre inmigración cuenta con aspectos claramente represores. Tras la polémica, aún no concluida, sobre la Directiva de Retorno, el documento sobre el que se pretende construir la nueva política europea de inmigración manifiesta que «los extranjeros en situación irregular sobre el territorio de los Estados miembros deberán abandonarlo. Cada país se compromete a garantizar la aplicación efectiva de este principio, en el respeto del derecho, y que cada miembro reconozca las decisiones de retorno adoptadas por otro estado».
Del compromiso precedente se deriva que «los estados aplicarán el principio adoptado en 2001 según el cual una decisión de alejamiento tomada por un país miembro es de aplicación en todo el territorio de la Unión Europea».
El III Anuario de la Comunicación del Inmigrante en España, editado por la consultora Etnia Comunicación y presentado en CaixaForum, revela que en España serán necesarios no menos de 430.000 trabajadores cualificados para mantener la competitividad de su economía hasta el año 2.012. Este hecho significaría la necesidad de entrada anual de más 100.000 trabajadores cualificados a nuestro país.
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